Es necesaria una regeneración de la vida pública

Asistimos en España a todo un conjunto de procesos electorales, el actual gobierno que está manejando sus tiempos políticos para tratar de embridar la crisis económica y poner la más que deseada, pero todavía lejana recuperación en el eje de su actuación. Sin embargo, no conviene olvidar asuntos pendientes también de orden político y de arquitectura institucional que pesan sobre España.

Es opinión generalizada que la normativa electoral debe ser modificada para que la representación parlamentaria se ajuste más a la realidad que los ciudadanos manifestamos en las urnas.

Se ha hablado y mucho de cómo las circunscripciones provinciales, dónde se eligen pocos diputados, penalizan a partidos de ámbito estatal que ven como el conjunto de los votos obtenidos no tiene un reflejo proporcional en su presencia en el Congreso. O como partidos nacionalistas que concurren en más de una Comunidad Autónoma, siempre juegan con la búsqueda de interpretaciones generosas del Reglamento para configurar su propio grupo parlamentario.

Creo que ha llegado el momento de proceder a un cambio de nuestra normativa electoral para buscar un mayor equilibrio y proporcionalidad entre los votos recibidos y la representación que estos otorgan. Pero este cambio sería insuficiente si sólo afectase a la vida política olvidando que esta misma situación, agravada, se da en el mundo sindical.

La vida política y sindical de este país gira en torno a un bipartidismo y un bi sindicalismo que a mi juicio está ahogando la participación social y que no refleja la pluralidad política y sindical existente en nuestra sociedad.

Hemos visto a lo largo de distintas legislaturas que el quehacer del grupo parlamentario que ha sustentado el gobierno, ha sido la busca de la aritmética parlamentaria mediante el apoyo en grupos minoritarios cuyos intereses no siempre se corresponden con los del conjunto de la ciudadanía del Estado. Así, a veces, la parte impone sus condiciones al todo, primando más el legítimo interés de una parte frente al interés general del conjunto.

De igual manera, la actual normativa, ha consolidado un bisidincalismo monocolor, que no ha reaccionado ante la gravedad de la crisis económica y de empleo existente, alejado del sentir de los ciudadanos y dando la impresión de estar más al servicio de las políticas del Gobierno que ser instrumentos para corregir las desigualdades sociales que se han producido en España y muy especialmente para remediar la situación de los más de 5 millones de desempleados.

Es necesario que se produzca una verdadera regeneración de la vida pública en nuestro país, y por ello pido a los partidos políticos y al resto de organizaciones sindicales y empresariales, que por encima de los intereses particulares de las organizaciones que representamos deben estar los intereses generales de los ciudadanos que decimos representar. A ellos nos debemos y ante ellos tenemos que responder, por eso urgimos a que ante la actual situación de crisis económica en la que estamos inmersos, seamos ejemplares en la gestión de los recursos públicos. Debemos gestionarlos bajo criterios de austeridad en el gasto y de autofinanciación.